El Gobierno decide continuar con el aplazamiento de todas las pruebas selectivas presenciales

Tal y como vienen publicando diversos medios estos últimos días, tras declaraciones de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, «Se pospone la celebración de pruebas selectivas presenciales y de concurrencia masiva por el tiempo que resulte imprescindible, aunque se garantiza la continuidad de los procesos», ha informado la ministra al resto de representantes de partidos políticos presentes en el Congreso.

El ejecutivo toma la decisión en base a criterios meramente sanitarios y pondrá fecha cuando lo permita la pandemia.

Darias ha avanzado que, en cuanto finalice la suspensión de los plazos administrativos decretada por la situación de estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus entre la población, los procesos selectivos se podrán tramitar con carácter ordinario.

Procesos selectivos afectados

Inspectores, agentes y cuerpo técnico de Hacienda y de la Agencia Tributaria. En su caso se quedaron pruebas pendientes en el Cuerpo Superior de Inspectores del Estado -con fecha del pasado 3 de abril-; en el Cuerpo Técnico de Hacienda -4 de abril-; en el Cuerpo de Vigilancia Aduanera -cuyo tercer ejercicio estaba convocado para el 18 de abril-; y en el Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública -con un segundo ejercicio el 25 de abril-.

Las convocatorias de auxiliar administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa del Ministerio de Justicia; y las de los organismos autónomos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entre otras, se han suspendido hasta nueva orden.

Pendientes de publicación oficial quedan todavía las oposiciones incluidas en el acuerdo sindical de estabilización del empleo público de la Administración General del Estado, pendientes de los años 2017 y 2018, que se habían aprobado para personal interino y funcionarios temporales -esta convocatoria se centraba en reducir la temporalidad en los organismos más expuestos a ella, como el Servicio Público de Empleo Estatal, así como los centros de investigación estatal del CSIC, el Carlos III y los Organismos Públicos de Investigación-.

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